La Constitución Política vigente consagra "la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio". Se trata de un derecho básico, que todas las sucesivas Constituciones chilenas han reconocido. Su ejercicio supone, necesariamente, una libertad correlativa para buscar y recibir información. En otras palabras, lleva implícito el libre acceso a las fuentes informativas.

Una definición muy conocida señala, a su turno, que la "libertad de prensa es el derecho del pueblo a ser informado oportuna y verazmente". Tenemos, entonces, como condiciones fundamentales para que tal libertad exista —para que exista eficazmente—, que el pueblo pueda ser informado, que lo sea en forma oportuna y que lo sea con arreglo a la verdad. Lo primero, por ser obvio, no requiere mayores comentarios. En cuanto a lo segundo, debe subrayarse que si la información no es oportuna, su utilidad se debilita o desaparece. Los hechos pretéritos pueden interesar al historiador, pero no llaman la atención del periodista ni constituyen la finalidad de su misión. Por último, la información se aparta de la verdad, cuando los hechos se ocultan, se niegan o se adulteran de algún modo.

Cada vez que los hechos de interés para la comunidad se silencian, sea porque no se proporciona información, sea porque ésta llega tarde o no llega, sea en fin porque se la esconde, niega o falsea, existe "desinformación". Producido este fenómeno, no hay hechos, no hay noticias acerca de los cuales pueda informarse, y la libertad de prensa se reduce a una ilusión; y al desaparecer los hechos, cuyo examen permite formarse juicio y discernir, desaparece la libertad de opinar. Tan inseparable es la libertad de expresión del libre acceso a las fuentes informativas, que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la ONU en 1948, advierte que ella incluye el derecho "de investigar y recibir informaciones y opiniones".

No es materia de este breve análisis la desinformación como problema transitorio o aislado, o como puede presentarse en casos excepcionales, por razones de seguridad nacional o por exigencias del orden público jurídico. Se trata de algo más grave y permanente: de la desinformación convertida en sistema, erigida en política de comunicaciones a nivel nacional (o mundial).

La desinformación puede oscilar desde el extremo de esconder o de negar en forma total los hechos, hasta el punto de manipularlos simplemente, con el objeto de lograr determinados efectos. Lo primero, aparte de servir los intereses del grupo gobernante, implica —cosa harto más grave y trascendental— una falsificación de la realidad: lo que se difunde y llega a conocimiento de todos es y existe; lo que no, carece de ser y por lo tanto de existencia. Un desastre que no se publica, no ha ocurrido; un hecho del que no se da noticia, tampoco ha acontecido. Si nada se dice, por ejemplo, en cuanto a que Armstrong puso pie en la Luna, tal alunizaje nunca sucedió.

Aparte del silenciamiento, ocultación o negación de los hechos, la desinformación puede practicarse por la vía de prohibir el acceso a las fuentes. Ante este impedimento, sólo quedan el rumor o las suposiciones, inevitablemente frágiles, incompletas o inexactas, a las que es fácil desmentir o rectificar. El cabal desenlace de los combates entre las fuerzas de Irak e Irán, entra en esta categoría.

Puede también desinformarse a través de la adulteración de los hechos. No se ocultan, pero se falsifican lugares, protagonistas, fechas o circunstancias. Las relaciones oficiales sobre las purgas stalinianas ofrecen a este respecto un buen ejemplo.

Por último, otro tipo de desinformación, corriente aun en los medios occidentales, es el de manipular las noticias, presentándolas de manera tal, que induzca al lector a disponer su juicio en determinado sentido. Con tal fin se recurre desde la mentira más burda hasta el método de magnificar lo negativo y disminuir lo positivo. Nuestro país ha acumulado una nutrida experiencia en este campo, durante los últimos diez años.

S.S. Juan XXIII proclamó "la libertad para buscar la verdad" en su encíclica "Pacem in terris". Las distintas formas de desinformación ya descritas, ciertamente no contribuyen a esa búsqueda y resultan, a más de detestables, un método sigiloso, pero seguro, para acabar con la libertad de expresión.