Esta mañana se han verificado aquí importantes intervenciones sobre el marco legal en que se desenvuelve la prensa en Chile. La Escuela de Periodismo y el Centro de Estudios de la Prensa, dependientes ambos de la Facultad de Letras de esta Universidad, patrocinaron un seminario de interés nacional, porque a nadie escapa cuan crucial es el tema para la vida chilena. Dicho marco jurídico importa al gobierno que lo ha implantado; a los medios de comunicación social que deben acatarlo; a la población que se impone de un producto final, como es todo órgano informativo, enmarcado por una severa estructura, y finalmente a la comunidad internacional que, como otros, lo critica.
El análisis académico de los problemas que encara la prensa ha permitido clarificar las condiciones en que se desenvuelven los medios, aparte de visualizar otras que podrían concretarse en el futuro a resultas del fallo del Tribunal Constitucional del 31 de enero pasado. Este, como se sabe, declaró inconstitucional al comunismo, corriente totalitaria constituida en el principal enemigo que la libertad de expresión reconoce en el mundo entero y que graves estragos ha producido también en Chile.
Abordar la frustrada apertura política y la gravitación del estado de sitio en la comunicación social como el instrumento más relevante del conjunto de restricciones a las libertades de opinión y de información, constituyó una oportuna iniciativa, en las cercanías de una posible renovación de tan calificado estado de excepción constitucional. En tal sentido las reflexiones y comprobaciones estadísticas surgidas esta mañana configuran valiosos antecedentes para la autoridad, porque unas y otras surgieron de instancias académicas independientes. Su valor ilustrativo podrá convencer o no a quienes pronto deberán tomar una determinación para con decisivas libertades públicas. En todo caso la Universidad cumple con dar a conocer el resultado de investigaciones que lleva a cabo, fuera de la emisión de opiniones amparadas por la libertad de cátedra, que es vital para el debate social de la nación y reconoce su fundamento en la Constitución Política del Estado.
Formulo este alcance porque tal vez no faltarán quienes atribuyan a este seminario finalidades incompatibles con las muy legítimas que tuvo, dado que las conclusiones del mismo distan mucho de favorecer determinadas posturas y acciones. Pero esta eventualidad en modo alguno podía inducir a no realizarlo públicamente o a no difundir con posterioridad su contenido. El Apóstol Pablo manda hablar "oportuna et importuna", y si ello no se cumple en una Universidad Católica y Pontificia, no se divisa en que otro lugar preferente podría encararse tal mandato.
El seminario en que académicos de Derecho y Periodismo unieron esfuerzos para dilucidar delicados asuntos relativos a la libertad de expresión, está vinculado con la presentación del N° 2 de los "Cuadernos de Información", que publica regularmente el Centro de Estudios de la Prensa, dimensionando otra faceta de la labor de investigación y extensión que se encuentra cumpliendo.
La libertad de expresión es nuevamente motivo central del temario que abordan autores nacionales y extranjeros, cuyas contribuciones de nuevo agradezco. Pero, como la experiencia lo indica, dicha libertad puede ser erosionada por los mismos que la ejercitan. Los abusos y delitos de prensa —como la propaganda al terrorismo, la degradación pornográfica, la desinformación—, materias todas tratadas en sus páginas, son distorsiones de una libertad que invitan a que se la controle, a menudo férreamente.
Ocurre que el equilibrio entre libertad y responsabilidad resulta esquivo. El problema de fondo es la crisis de la ética, que como fenómeno bien puede equipararse al miedo a la libertad que otros acreditan. Edmund Burke, el sabio ensayista, tal vez por ello ampliamente desconocido en nuestra época, escribió con acierto: "Los hombres están capacitados para la libertad cívica en la misma exacta medida en que son capaces de poner límites morales a su propia voluntad y a sus apetitos... Y cuando menos dispongan los hombres de este freno en su interior, tanto más debe imponérseles desde el exterior". En otras palabras, si el hombre, ser inteligente y libre, espontáneamente escoge o decide mal, por falta de formación o por malicia, estimula la aplicación o creación de normas legales —que a su vez pueden ser justas o injustas—, con las que la autoridad procura rectificarlo o disciplinarlo.
Este dilema no es, por cierto, privativo de Chile. Basta con avizorar las realidades contemporáneas, que en ámbito hemisférico evalúa el documento incorporado a la revista, para advertir la situación que registra la libertad de expresión bajo toda suerte de regímenes políticos: democráticos, autoritarios y totalitarios. En todos ellos existen problemas, evidentemente que de menor o mayor gravedad. Pero es un hecho que en ninguno existe un panorama ideal, porque si en unos hay libertad irrestricta, ella acarrea abusos e indefensión de personas. Si en otros hay una variada gama de controles, constitucionales, legales y administrativos, la libertad se ve coartada o amenazada cuando quienes ejercen el poder aplican aquellos, y en no pocos casos sin que el Poder Judicial, salvaguardia siempre trascendente de las libertades públicas, tenga ingerencia para impedir o moderar el sobrepasamiento de las facultades disponibles.
La totalidad de los textos incluidos en la segunda entrega de los "Cuadernos de Información" conciernen, en una u otra forma, a la realidad periodística chilena. Ellos articulan un esquema valioso y plural, cuya apreciación será útil para cuantos aspiren a disponer de antecedentes válidos sobre un sector de la vida nacional que, en el período de transición a la democracia plena, debiera ser valorado con justicia.
Quedará meridianamente claro, luego de la publicación de un concluyente ensayo del catedrático y doctor en Derecho José Luis Cea Egaña, que el ejercicio del periodismo en nuestro país está abierto a toda persona idónea, de acuerdo a la normativa jurídica en vigor, aparte que las libertades de opinión y de información están reconocidas por la Constitución a toda persona y por cierto no sólo a los periodistas. Tan positivo avance, sin embargo, debe ser congruente con la capacidad de ejercitar a cabalidad ambas garantías que la Carta Fundamental confiere a todo chileno. Semejante consideración aparece entroncada, entonces, con la necesidad que sean despejados obstáculos considerables para que dicho anhelo se concrete.
Creo de sobra conocida mi posición sobre las características que ha de revestir la libre expresión entre nosotros. No corresponde aquí, por la naturaleza de este acto, que insista en ella, pero estimo que para dar consistencia la propósito de avanzar hacia la institucionalidad diseñada en la propia Constitución, tiene que materializarse la voluntad política de procederse en tal sentido. La frustración de la forma de apertura intentada entre agosto de 1983 y noviembre de 1984 no debería inhibir en forma alguna para promover otra más eficiente. Y en el diseño de ésta muy significativos aportes puede realizar la Universidad como centro de estudios y reflexión de fenómenos de por si complejos.
No digo, desde luego, que el Centro de Estudios de la Prensa tenga sobre el marco de la libertad de expresión un modelo mágico que permitiera iniciar una nueva y fructífera etapa de la vía nacional. No. Pero al igual que otros centros académicos del país, como resultado de investigaciones especializadas y de la confrontación de puntos de vista, está en condiciones de efectuar un aporte meditado en un debate hasta ahora inexistente. No es posible confundir un debate político-partidista, que con frecuencia resulta estéril por los dogmatismos que allí afloran y no se disipan, con un debate de alto nivel, solvente y fundado, que no tenga otra meta que contribuir a resolver problemas, que por no afrontárseles oportunamente se van ampliando y agravando. "La Universidad tiene una vocación de servicio al bien común", expresa la Declaración de Principios de la Universidad Católica. Coincidente con esta meta es la paciente y a veces ignorada labor académica, de construcción o de crítica, y que por su relevancia y oportunidad debería en tantos casos trascender más allá de los claustros donde fue generada.
Me preocupa el marco actual de la libertad de expresión por variadas razones, pero como profesor muy en especial por el futuro de la generación de alumnos de periodismo que la Escuela de esta Universidad está formando. Nada sería más grave que oscilaran entre el conformismo y la apatía que generan tendencias políticas inmovilistas o la adhesión desafiante a una suerte de subversión periodística que tantos quiebres generara en el pasado; conviene recordar que algunos de estos caracteres volvieron a reproducirse en el último bienio hasta su drástica eliminación. El periodismo profesional chileno en una vasta gama bien se puede llevar a cabo sin aferrarse a los extremos que perjudican la creación de un consenso sobre los valores consustanciales a Chile. La libertad de expresión será siempre uno de ellos. Tengo plena fe en que ella terminará por prevalecer, originando un nuevo desafío para la comunidad y la prensa nacionales. Afrontémoslo desde ahora con entereza y esperanza.
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