A mi modo de ver, la historia del periodismo es la historia del esfuerzo de los periodistas por liberarse de tutelas oficiales. Y, también, por hacer comprender a la opinión pública que no es un privilegio que reclamamos para nosotros, sino una libertad esencial que afecta a la vida misma de la sociedad.

Empecemos por situar lo que puede ser mi aporte al debate. Aquí pediré ayuda.

Dice Leonard Levy en su obra "Surgimiento de una prensa libre" lo siguiente:

"Ni la libertad de palabra ni la libertad de prensa podían convertirse en libertad civil hasta que la gente creyera que la verdad de sus opiniones, especialmente de sus opiniones religiosas era relativa en vez de ser absoluta; hasta que reyes y parlamentos se sintieran lo suficientemente fuertes y estables para permitirse ignorar la crítica política; y hasta que la gente se considerase a sí misma como la fuente de la soberanía, los amos, en vez de los sirvientes del gobierno".

Creo que en esta enumeración se podría situar la base esencial del debate que hoy nos preocupa.

Lo primero es algo que por mucho tiempo pareció impensable: la relativización de verdades absolutas, tanto religiosas como políticas.

Desde los atenienses, que condenaron a Sócrates por corruptor y blasfemo, hasta la Santa Inquisición, hay una larga historia de intolerancia ante cualquier pensamiento que no se ajusta a nuestra verdad. Y ello no paró con el término de las hogueras.

Debemos reconocer, sin embargo, como lo hizo recién Arthur Miller aquí en Santiago, que "las cosas están mejorando".

El se refería, sobre la base de su propia experiencia a cómo han cambiado, en pocos años, las cosas en la Unión Soviética y en la República Popular China.

En la Iglesia Católica, empezaron a cambiar antes. Pero el momento decisivo fue el Concilio Vaticano II.

Aunque podría pensarse que el problema de la verdad y de la libertad religiosa, en la perspectiva del Concilio Vaticano II es, en definitiva, un problema para católicos, creo adecuado traerlo a colación aquí. En primer lugar, porque nos puede ayudar a entender cómo plantea hoy día la Iglesia Católica estas situaciones y ello en un país de tan fuerte presencia católica como el nuestro es importante. En segundo lugar, me parece obvio que en esta casa es donde mejor cabe plantearse en esta perspectiva. ¿Qué dijo el Concilio?

Dijo: "Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa".

Esta frase, que es sólo el resumen de un planteamiento más largo y más extensamente desarrollado, está precedida de otra donde los padres conciliares dicen: "creemos que esta única religión verdadera subsiste en la iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres", ¿Qué entiendo yo de todo esto?

Que la Iglesia Católica no ha renunciado a lo que considera su verdad, absoluta y revelada. Eso lo deja categóricamente en claro. Agrega, además, su convencimiento, de que "todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla".

Lo anterior no deja dudas. ¿Dónde está -si se quiere, que tampoco lo es, en definitiva- la novedad?

En el reconocimiento explícito de que a nadie se le puede imponer una creencia por la fuerza.

"La verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y a la vez fuertemente en las almas".

Repito: "la fuerza de la misma verdad".

No puedo alargar más esta parte del comentario. Pero quisiera transmitirles a ustedes la conclusión tan evidente que se deriva de esta afirmación del Vaticano: incluso quienes creen en una verdad absoluta, reconocen que ella no puede imponerse por la fuerza. No se puede salvar las almas con la persecución o la tortura. Tampoco —agrego yo— a un país.

Pero en este camino de razonamiento, de respeto de la dignidad y de la inteligencia de los hombres, falta mucho trecho por recorrer. Lo demuestra esta ley que tan brillantemente ha comentado José Luis Cea.

No es nuestro propósito discutir aquí la procedencia del artículo 8º, pero sí nos interesa su efecto práctico, que recuerda las "no-personas" del novelista, gente cuyas opiniones están proscritas, y cuya difusión se castiga, salvo que sea para condenarlas.

Pero hay una segunda consideración que hacer. A veces, muchas veces, parece tener más importancia que la seguridad en esa verdad absoluta, la inseguridad de "reyes y parlamentos", por usar la expresión del autor Levy ya citado.

Hay, a mi juicio, una terrible falta de confianza en la fortaleza de los propios argumentos cuando debe recurrirse a la fuerza para sortear riesgos y peligros.

Y finalmente, para no alargar más estos comentarios, creo necesario hacer una última reflexión acerca de lo que el autor Levy, citado al comienzo, considera que es la tercera condición que ha obstaculizado, en el curso de la historia, la consolidación de la libertad de palabra y de expresión.

Es, como lo dice él, la resistencia de la gente, de los ciudadanos, a darse cuenta de que son ellos "la fuente de la soberanía, los amos, en vez de los sirvientes del gobierno".

Esta amplia afirmación tiene muchas consecuencias. Pero para nosotros, los periodistas, sigue constituyendo un desafío total: convencer a la opinión pública, a la ciudadanía en general, de que la libertad de expresión no es un privilegio que reclamamos para nosotros, sino algo vital para todos y que, como toda norma de convivencia, sólo puede tener límites establecidos de común acuerdo y en la perspectiva de que mientras menores sean las restricciones, mejor.

Esta nunca, en ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia, ha sido tarea fácil.

Menos en un país tan profundamente polarizado como ha sido Chile en un largo período, que comenzó, por lo menos hace dos décadas, y en el cual la prensa jugó un papel importante, al reflejar una realidad en deterioro creciente y que, en parte, contribuyó también a ese deterioro.

Es difícil, pues, pedirle a los chilenos que entiendan la importancia de la libertad de expresión. Es el ingrato papel de los portadores de malas noticias el que está en juego.

Pero, precisamente por este estado de ánimo acumulado, que sin duda ha ido cambiando, aunque no lo suficiente, es que yo creo que esta ley que ahora comentamos, debería ser el hito definitivo hacia una positiva toma de conciencia de nuestra opinión pública.

Porque ahora ya no son sólo los periodistas los que sufren la limitación, sino potencialmente enormes sectores del pensamiento y la vida política, y a ellos también los alcanzan las disposiciones de esta ley.

Para terminar, me gustaría revisar un poco lo que he dicho esta noche.

En primer lugar, me pareció conveniente seguir la reflexión del autor Leonard Levy, quien insiste en que hay tres aspectos que han retardado la consolidación de la libertad de expresión.

El primero, es la intolerancia, el convencimiento de que hay verdades absolutas intransables.

Me parece que este convencimiento subyace en la legislación que estamos analizando. Como contraste, he mostrado lo que planteó el Concilio Vaticano II: la Iglesia Católica no ha renunciado a una verdad que cree absoluta. Pero, por respeto a la persona humana, sostiene que no se pueden lograr conversos a palos. Es decir, debe haber libertad, no sólo para elegir marcas de zapatos o de autos, sino para adherir o no, y también para difundir y defender algo que ciertamente es más importante, como una ideología, una filosofía o religión.

En segundo lugar, dice este autor, lo que ha pasado muchas veces es que "reyes y parlamentos" (es su frase) se defienden porque se sienten inseguros. Esta sola afirmación podría ser glosada de manera larga, abundante y, sobre todo, festiva. Pero, como tenemos poco tiempo y nuestra misión es dolorosamente seria, me limité a suscribirla: qué débil es un régimen, qué poca fe se tiene a sí mismo cuando necesita defenderse por la fuerza, ya sea en el gulag, en el stalag, en la hoguera inquisitorial o mediante esta ley complementaria...

Y por último, en tercer lugar, con el autor Levy he vuelto a lo que para mí es el punto de partida. Nada se logrará sólido y definitivo mientras la opinión publica no se sienta vitalmente involucrada en la defensa de la libertad de expresión.

Esto, que no es novedoso, tiene para mí una importancia nueva sin embargo: es la posibilidad de que esta ley, tan excesiva, tan desproporcionada, tan abrumadora, logre finalmente conmover a los indiferentes y les haga ver que, este no es un problema de nosotros, los periodistas -coincidencia con José Luis Cea-, sino de todos quienes vivimos en esta sociedad y que creemos en la suprema dignidad de cada ser humano.

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